El deber fiduciario, que conforma la base de la relación de confianza que nos une a nuestros clientes, garantiza que quienes gestionan el dinero de otros actúen en interés de los beneficiarios, no del suyo propio. Hace tiempo, estos intereses eran puramente financieros. En 2005, el informe Freshfield para la ONU demostró que las consideraciones sociales, ambientales y de gobierno corporativo (ASG) eran esenciales para poder estimar de forma fiable la rentabilidad financiera y, por tanto, para el deber fiduciario. Sin embargo, al otro lado del Atlántico soplan vientos contrarios alentados por campañas que atacan los esfuerzos en el ámbito ASG. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que cuenta realmente?

La cuestión de la materialidad

Como inversores, estos debates sobre los límites del deber fiduciario nos llevan a poner el foco en nuestros análisis sobre las empresas. Desde hace ya varios años, los criterios ASG forman parte de nuestros análisis bajo el prisma de la materialidad financiera con el fin de estudiar las repercusiones del medio ambiente en las empresas. Algunos inversores que desean ir más lejos estudian también el impacto de las empresas en su entorno, y entonces hablamos de la materialidad de los impactos sociales y ambientales. La suma de estas dimensiones, la denominada doble materialidad, es la columna vertebral de los reglamentos aprobados recientemente y que afectan a las empresas y los inversores.

La doble materialidad y las empresas

Examinar el impacto de las empresas sobre su entrono es hablar sobre sus externalidades negativas[1]. Estas tienen un precio que la sociedad todavía soporta con demasiada frecuencia. Sin embargo, cada vez se demanda más que se internalicen estas externalidades, como ocurre con el mercado de las emisiones de carbono o la directiva europea sobre el deber de vigilancia, que obliga a las grandes empresas a ocuparse de sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor. En Europa, los trabajos del EFRAG[2] sobre el marco de los informes corporativos en materia de sostenibilidad (CSRD[3]) invitan a establecer la obligatoriedad de tratar la doble materialidad en dichos informes. Esta apuesta decidida, que los anglosajones no comparten a la vista de los trabajos del ISSB[4] o de la SEC[5] (el organismo de control de los mercados financieros de EE. UU.), tendría la ventaja de obligar a las empresas a hacer públicos sus impactos negativos, lo que ofrece la posibilidad de plantear límites a estos impactos (reglamentos, impuestos…). Sería una forma de pasar de un sistema económico construido a expensas del resto del mundo a un sistema edificado dentro de los límites de este mundo. Sería también una revolución necesaria en un contexto caracterizado por unos recursos cada vez más limitados.

La doble materialidad y los inversores

Impulsada por normas como el Reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad (conocido por sus siglas en inglés, SFDR), esta revolución también afecta a los inversores e invita a prever el impacto de las decisiones de inversión sobre la sociedad, a limitar sus externalidades negativas e, incluso, a elevar al máximo sus impactos positivos. Este impulso agudiza la toma de conciencia del sector financiero sobre su responsabilidad en este cambio de paradigma. Los inversores de impacto están abriendo camino en este terreno, conscientes de que, aunque determinados factores de sostenibilidad no tienen impacto a corto plazo o un coste directo para sus inversiones, sí conllevan un coste elevado para la sociedad y, en última instancia, un coste indirecto para las empresas. El CSRD propicia un mayor grado de madurez en las empresas que debería acelerar los tiempos al dar acceso a datos de mejor calidad sobre los cuales fundamentar las decisiones de inversión.

La doble materialidad es una elección del conjunto de la sociedad. Se precisa una movilización colectiva para construir un mundo más sostenible en el que los impactos negativos no se tomen a la ligera, si no que se calibren atendiendo a sus costes y beneficios para la sociedad. Consciente del papel que desempeña, LFDE trabaja para integrar cada vez más la doble materialidad en el conjunto de sus decisiones de inversión, con el fin de tener en cuenta lo que de verdad cuenta.

Coline Pavot, directora de Análisis de Inversiones Responsables de La Financière de l’Echiquier (LFDE)

[1] Situación en la cual un agente económico provoca con su actividad efectos negativos sobre la sociedad

[2] European Financial Reporting Advisory Group

[3] Corporate Sustainable Reporting Directive

[4] International Sustainability Standards Board

[5] Securities and Exchange Commission