Mientras la adopción de criterios ASG se generaliza en Europa, un debate acalorado crece al otro lado del Atlántico: a pesar de los efectos cada vez más tangibles del cambio climático, las finanzas sostenibles nunca habían sido objeto de tantos ataques. El epicentro del movimiento se sitúa en el sur de EE. UU., donde causa estragos un debate en clave electoral que gira en torno a las ideas progresistas y que mezcla los derechos de las minorías y los retos de la transición energética. Hablemos, pues, sobre los motivos de esta cruzada «anti-ASG» que está en boca de todos.

Cuando las finanzas sostenibles se convierten en política

Este debate, que ante todo es político, subraya las dificultades que encuentra el sector privado, especialmente los servicios financieros, para avanzar más rápido que la sociedad en los retos de sostenibilidad. Enfrenta la realidad sobre el terreno y los futuros deseables, que a veces se contraponen. «Nuestra misión es hacer que se oigan de nuevo las voces de los ciudadanos (…) en la economía estadounidense obligando a las empresas a centrarse en la excelencia, en lugar de la política», declara el bando de los que se oponen a la integración de los criterios ASG. El gobernador republicano de Florida ha llegado incluso a denunciar «la utilización del poder económico de las grandes empresas para imponer a los políticos medidas que no han podido conseguir en las urnas». Esta situación ilustra la dificultad de los actores financieros para desempeñar su función dentro de la financiación de la transición sin el apoyo de políticas públicas claras.

Del dicho al hecho

Esta oposición está organizándose en el plano jurídico. Florida, que encabeza una alianza de 18 estados, acaba de aprobar una ley que tiene como objetivo prohibir el uso de los criterios ASG en la inversión pública, las emisiones de bonos y las políticas de compras nacionales y locales. El sector financiero es uno de los grandes objetivos y está promoviéndose un boicot a entidades de primer nivel, como BlackRock o JP Morgan, acusadas de preocuparse demasiado por el clima o la lucha contra las armas de fuego. Algunos ceden ante la presión, como Vanguard, la segunda mayor gestora de activos del mundo, que se retiró de la coalición financiera contra el cambio climático Net Zero Alliance. Este pulso ideológico también se ha hecho un hueco en las juntas generales de las empresas. En 2023, las propuestas de acuerdo formuladas por accionistas que critican las metas sociales o medioambientales de las empresas nunca antes habían sido tan numerosas¹.

Cuando dos visiones del mundo se oponen

Este debate enfrenta dos visiones de la economía y el papel de las empresas. De un lado, los defensores de una visión friedmaniana², en la que la responsabilidad social de las empresas pasa por aumentar los beneficios, y de otro, los impulsores de una visión freemaniana, para quienes es necesario tener en cuenta a todas las partes interesadas. Este debate añejo se une al que actualmente enfrenta la materialidad financiera y la doble materialidad y, en consecuencia, cuestiona el concepto de deber fiduciario: para los detractores de la dimensión ASG, los ahorradores no tienen por qué «pagar por salvar el mundo », mientras que, para otros, retomando las palabras del célebre Paul Polman, «las empresas no pueden prosperar en sociedades que fracasan».

Los olvidados de la transición (justa)

¿No será que las raíces del problema son aún más profundas ? Promovidas por la integración cada vez mayor de los criterios ASG, las ideas progresistas cuestionan el modelo productivo basado en las energías fósiles. Si los territorios estadounidenses que se han movilizado con más fuerza son los estados del Sur, no es por casualidad. Su prosperidad y su empleo dependen de estas energías. Boicotear las energías fósiles equivale a una espada de Damocles sobre estos estados y sus poblaciones, que parecen haber sido olvidados por las políticas de transición (justa). Sin embargo, el éxito de las políticas de transición depende de que se acepten las medidas adoptadas por los Estados, que deben prever los efectos en cadena de unas decisiones potencialmente radicales, sobre todo para el empleo… lo que no parece ser el caso aquí.

Aunque a nivel federal EE. UU. acaba de introducir unas medidas muy generosas de apoyo a las inversiones en las tecnologías con bajas emisiones de carbono gracias a la IRA[1] , visto desde Europa este movimiento inquieta por su radicalidad y debe abrirnos los ojos sobre el impacto potencial de las políticas de transición desconectadas de los retos sobre el terreno y las preocupaciones de las poblaciones. Como inversores responsables, seguimos estando especialmente atentos y, por medio de nuestras iniciativas de diálogo, nos esforzamos por sensibilizar a las empresas en las que invertimos.

Coline Pavot, responsable de Análisis de Inversiones Responsables de La Financière de l’Echiquier (LFDE) 

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[1] Inflation Reduction Act