¿Golpe supremo?
El pasado 5 de noviembre, la bolsa vivió una sesión poco frecuente en la que, inesperadamente, los valores más penalizados por los aranceles estadounidenses batieron al resto del mercado. La razón era de peso: se celebraba en Washington la audiencia del Tribunal Supremo estadounidense consagrada a estudiar la legalidad de una parte de las tasas sobre las importaciones decretadas por Donald Trump. Esta audiencia se saldó de forma claramente desfavorable a las postulados de la Casa Blanca, aunque la decisión no se espera hasta dentro de varias semanas, incluso varios meses.
Podría parecer que el partido está encarrilado: de los nueve jueces del Tribunal Supremo, seis son considerados «conservadores» y tres de ellos fueron nombrados directamente por Trump durante su primer mandato, lo que supone una mayoría cómoda y, a priori, dócil.
No obstante, la ley empleada por Trump para imponer una parte de estos gravámenes, la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ha resultado tan difícil de defender jurídicamente que incluso una parte de los jueces conservadores se ha mostrado escéptica, lo que invita a pensar en una sentencia desfavorable a la Casa Blanca.
A decir verdad, eso no sería sorprendente. Ya en dos ocasiones, en primera instancia y, después, en apelación ante una corte federal, los tribunales de justicia estadounidenses se han pronunciado contra la legalidad del uso de esta ley para imponer tasas aduaneras. El argumento era tremendamente sólido: la imposición de nuevos impuestos es, con carácter general, competencia exclusiva del Congreso, no del presidente. Contra este argumento fundamentado en la separación de poderes (un principio esencial de las democracias modernas), la administración Trump sostenía que la ley IEEPA permitía todas estas medidas excepcionales en una situación de emergencia. Al defender la idea de que el abultado déficit comercial estadounidense y las importaciones de fentanilo constituían un estado de emergencia, la Casa Blanca esperaba poder justificar el uso de esta ley de excepción. Sin embargo, parece que a los jueces no les ha impresionado esta defensa, ya que difícilmente se puede sostener que el déficit comercial representa un estado de emergencia, cuando perdura desde hace décadas sin ser especialmente perjudicial para la economía estadounidense. En cuanto a las importaciones de fentanilo, estas no se verán contrarrestadas directamente por impuestos aduaneros contra China, sino más bien mediante controles aduaneros y una política sanitaria eficaz.
Si, como ahora parece plausible, el Tribunal Supremo invalida el uso de la IEEPA, ¿qué cabe esperar de los mercados? ¿Se hundirían ante la derrota trumpista, a la que probablemente seguirían ataques de cólera presidencial? ¿O, por el contrario, se congratularían del fin de estas tasas, que reducirían los costes de los productos importados?
Se puede aventurar que los tipos de la deuda pública subirían debido a la reducción de los ingresos fiscales, que agravaría la situación presupuestaria, y que las acciones, con la excepción de los valores más castigados hasta ahora por estos gravámenes, acusarían este ascenso de los tipos, toda vez que volvería a aumentar la incertidumbre sobre el futuro de la política arancelaria. Sin embargo, a la inversa, la Reserva Federal podría tener margen de maniobra para bajar los tipos de interés gracias a la desaparición de una fuente de inflación, lo que daría apoyo a los activos de riesgo.
Cuesta prever de qué lado se inclinaría finalmente la balanza, pero lo cierto es que esta forma binaria de plantear la cuestión no es la mejor, ya que, si el Tribunal Supremo invalida, al menos parcialmente, el uso de la IEEPA para imponer aranceles, probablemente no impediría la utilización de otras leyes específicas para llegar a los mismos fines, sin ni siquiera tener que consultar al Congreso. De hecho, existe todo un abanico de leyes en las que ya se ha apoyado la Casa Blanca para instaurar aranceles selectivos, sin que ese uso se haya cuestionado hasta ahora. Se trata sobre todo de artículos contenidos en la Trade Expansion Act y la Trade Act. La salvedad es que estas leyes son más restrictivas a la hora de aplicarlas. Algunas requieren encuestas previas antes de poder ser invocadas, mientras que otras limitan los impuestos aplicados en el tiempo o en su amplitud. El «plan B» sería, pues, farragoso y limitado e impediría a Trump soltar sus andanadas de forma discrecional. De este modo, el tribunal de más alto rango asestaría un golpe supremo al gobierno de Trump. Un golpe maestro para defender su terreno.